Explosión patrimonial durante el mandato
La fortuna del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creció más de US$ 2 mil millones (aproximadamente R$ 10,3 mil millones) solo en el último año, según su propia declaración financiera. El salto fue impulsado principalmente por operaciones de la familia en criptomonedas y licenciamiento de marca.
Parte de esa ganancia coincidió con decisiones regulatorias del gobierno que beneficiaron al sector de activos digitales, generando críticas por posibles conflictos de interés.
Ausencia de blind trust y reacciones
A diferencia de sus predecesores, Trump no transfirió sus bienes a un blind trust —mecanismo que entrega la gestión a terceros independientes sin que el titular siga las decisiones. Organizaciones como el Project on Government Oversight y Transparencia Internacional calificaron el caso como sin precedentes.
La Casa Blanca refutó las acusaciones, afirmando que las políticas adoptadas beneficiaron a todos los estadounidenses y que los negocios son dirigidos por los hijos del presidente.
Lo que permite la ley estadounidense
En EE.UU., el presidente y el vicepresidente están exentos de la principal norma federal sobre conflictos de interés (18 U.S.C. § 208). Esto permite mantener empresas e inversiones durante el mandato, siempre que se divulguen anualmente en informes públicos.
La Constitución también prohíbe recibir regalos o beneficios de gobiernos extranjeros sin autorización del Congreso. La Oficina de Ética Gubernamental (OGE) supervisa las reglas, pero no puede obligar a la venta de activos.
Reglas brasileñas de prevención
En Brasil, la Ley de Conflicto de Intereses (Ley nº 12.813/2013) se aplica al presidente de la República. El texto prohíbe el uso de información privilegiada, la participación en decisiones que beneficien empresas propias o de parientes hasta el tercer grado y la realización de negocios con partes interesadas en actos del gobierno.
Michel Sancovski, socio del área de Anticorrupción y Cumplimiento de Tauil & Chequer Advogados asociado a Mayer Brown, destaca que la norma brasileña actúa de forma preventiva: “busca impedir que intereses privados interfieran en la actuación del agente público incluso antes de la demostración de beneficio económico”.
Fiscalización y sanciones
La Comisión de Ética Pública (CEP) es responsable de la fiscalización en Brasil, exigiendo declaraciones anuales de patrimonio y divulgación de la agenda oficial. Las violaciones pueden resultar en pérdida del cargo, multas y prohibición de contratar con el Estado por tres años.
Mientras el Congreso estadounidense discute una enmienda a la Clarity Act para limitar las ganancias de legisladores y familiares en el mercado de cripto, el debate sobre los límites éticos de los jefes de Estado permanece abierto en ambos países.